La Baja Edad Media
La Querella de las Investiduras
Entre 1076 y 1122. El desencuentro político e ideológico que enfrentó al papado y a la autoridad secular (puesto a que ambos poderes se disputaban el derecho a conferir los cargos eclesiásticos) provocó la Qurella de las Investiduras. En Europa occidental, la creación del feudalismo eclesiástico acarreó que los propietarios de las tierras (los señores, de origen laico) concedieran parte de sus feudos a obispos y abades. De este modo, la injerencia imperial en la promoción de los clérigos se convitió en una praxis habitual, cuando según las normas canónicas esa postetad habría tenido que recaer solamente en el clero y sus fieles. De hecho, en los siglos IX y X, la Santa Sede (a pesar de mantener firme el principio de la elección del obispo por parte del clero) ya reconoció el poder del monarca para conceder los obispados, pero la debilidad del papado, sumada a la escandalosa conducta de los obispos-condes, hombres de armas más que la Iglesia, inclinaron finalmente la balanza a favor del poder imperial. Enrique III consiguió omponer incluso al papa Clemente II la necesidad de obtener la autorización imperial para elegir a los futuros papas.
Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XI surgió en la Iglesia un movimiento reformista que se habría engendrado en el monasterio de Cluny. Entre los reformadores se distinguieron el papa Clemente II e Hildebrando de Soana, futuro papa Gregorio VII, quienes propugnaron una regeneración política y moral de la Iglesia. Después de la muerte de Enrique III, el papa Nicolas II aprovechó la regencia de Inés Poitou (que reinaba debido a la minoría de edad de Enrique IV) para convocar en 1059 un sinodo en Letrán donde se promulgó la bula in nomine Domini,. Este documento limitaba la elección de los papas únicamente a los cardenales romanos; prohbía, bajo pena de excomunión, las Investuras y el otorgamiento de beneficios eclesiásticos por partes de señores laicos; y, por último, condenaba el concubinato y la simonía (compraventa de bienes espirituales como, por ejemplo, los cargos eclesiásticos). las desiciones del concilio encontraron un gran eco entre el pueblo, y en 1o75 Gregorio VII promulgó la bula de Dictatus papae, que estableciá la superioridad espiritual del papa sobre el conjunto de las cristianidad, con lo que iniciaba un enfrentamiento directo con el monarca Enrique IV.
Tras una sucesión de emperadores papas y tratados, se llegó al Concordato de Worms (1122) entre Enrique V y Calixto II, que definía las relaciones entre imperio y papado en la cuestióin de las investiduras, pero que seguía sin resolver el problema de la supremacía. Se estableció que la Investidura feudal, con el cetro, siguiera siendo un derecho del emperador, mientras que la espiritual, con el anillo y la pastoral, fuese prerrogativa exclusiva del papa. La Querella la das Investiduras concluyó así en beneficio de la Iglesia, que se libró de la injerencia imperial.